La sentencia clásica se confirma una vez más: la corrupción de lo mejor, es lo peor: pretender corromper la nobleza de la profesión médica obligándola a abortar, es probablemente, la barbaridad más grande que ha visto en su historia el Parlamento uruguayo. En efecto, el proyecto de despenalización del aborto -eufemísticamente llamado de “Defensa de la Salud Reproductiva”-, además de cambiar la tipificación del aborto como “delito” a “acto médico”, en el Artículo 11° dice que: Todos los servicios de asistencia médica integral, tanto públicos como privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública, tendrán la obligación de llevar a cabo este procedimiento (aborto) a sus beneficiarias, siendo efectuado en todos los casos por médico ginecotocólogo, en las hipótesis previstas en esta ley”.

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