La sentencia clásica se confirma una vez más: la corrupción de lo mejor, es lo peor: pretender corromper la nobleza de la profesión médica obligándola a abortar, es probablemente, la barbaridad más grande que ha visto en su historia el Parlamento uruguayo. En efecto, el proyecto de despenalización del aborto -eufemísticamente llamado de “Defensa de la Salud Reproductiva”-, además de cambiar la tipificación del aborto como “delito” a “acto médico”, en el Artículo 11° dice que: Todos los servicios de asistencia médica integral, tanto públicos como privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública, tendrán la obligación de llevar a cabo este procedimiento (aborto) a sus beneficiarias, siendo efectuado en todos los casos por médico ginecotocólogo, en las hipótesis previstas en esta ley”.

Y en el Artículo 12°, dice que “Aquellos médicos o miembros del equipo quirúrgico que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los actos médicos a que hace referencia la presente ley, podrán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenezcan dentro de los 30 días contados a partir de la promulgación de la misma. Quienes ingresen posteriormente, deberán manifestar su objeción en el momento en que comiencen a prestar servicios.

Los profesionales y técnicos que no hayan expresado objeción, no podrán negarse a efectuar las intervenciones.”

Si plantear el “derecho a decidir” contra la vida de otro ser humano es algo inadmisible -el embrión es vida humana desde la concepción-, negar el “derecho a decidir” por la vida a todas  las instituciones de asistencia médica y a los profesionales que en ellas trabajan salvando vidas, es inaudito, una verdadera aberración, un sorprendente avasallamiento de la libertad de las conciencias en un país que pretende ser democrático.

Por ahí se ha dicho que quienes afirmamos que el derecho de la madre a elegir no se puede anteponer al derecho del hijo a nacer, somos fundamentalistas. Pero cuando vemos el articulado de esta ley, no podemos menos que preguntarnos: ¿quienes son los verdaderos fundamentalistas? ¿aquellos que hacen oír su voz con firmeza y energía -no negamos nuestra indignación ante este proyecto de ley injusto para con los más débiles de nuestra sociedad- o aquellos que pretenden imponer la obligación de hacer abortos contra sus estatutos, principios y fines asistenciales, a todas las instituciones médicas públicas y privadas del país, e incluso a los médicos que no hayan expresado su objeción de conciencia en el momento oportuno? ¿Desde cuándo el Parlamento uruguayo tiene la facultad de obligar a las instituciones médicas y a los propios médicos y médicas a realizar abortos, a matar y despedazar vidas humanas inocentes contra sus principios y contra su conciencia? ¿Desde cuando el Estado puede obligar a un profesional de la salud a ir contra la razón de su vocación -salvar vidas-? Si hay médicos y médicas que omiten cumplir el trámite burocrático de presentarse como “objetores de conciencia”, ¿no es una burla a la razón y a la propia ciencia médica, pensar que pueden terminar tras las rejas por “omisión de asistencia”, mientras los aborteros van a ocupar sus puestos al frente de las clínicas ginecoltológicas? ¿Cómo garantizar que los objetores de conciencia no serán discriminados en alguna institución médica favorable a la práctica del aborto? ¿Cómo evitar la confección de las fatídicas listas negras? ¿Es esta ley tan “liberal” y “progresista” para los médicos y las instituciones de salud como pretende serlo para las madres? ¿Acaso se puede prohibir a los médicos y médicas, cambiar de opinión respecto al aborto? Y si lo hacen ¿van a ser despedidos o van a tener que renunciar a sus trabajos por decidir a favor de la vida? ¿Qué es sino totalitarismo, qué sino imperialismo, obligar a los médicos a hacer aquello que –siguiendo a Hipócrates- juraron no hacer?: “No daré veneno a nadie aunque me lo pida, ni le sugeriré tal posibilidad. De igual manera no daré a ninguna mujer un remedio abortivo.”

Llevado al terreno de la educación -menos grave, por cierto- esto equivale a obligar a todas las instituciones educativas movidas por un fin religioso, a enseñar el ateísmo. Si eso es un disparate, cuanto más este proyecto de ley, que en lugar de atentar contra la libertad de conciencia, atenta contra la vida. Nadie puede ser libre, si antes no está vivo.

Para terminar, insistimos en que jamás, y bajo ninguna circunstancia, el legislador puede obligar a un profesional de la salud a actuar contra su conciencia. Nadie puede obligar a un médico a violar su más sagrado juramento, quizá realizado hace ya muchos años y honrado con el testimonio de una vida dedicada al servicio de la vida. Queremos llamar muy especialmente la atención de los señores legisladores sobre este punto en particular. Porque consideramos absurdo limitar los verdaderos Derechos, en nombre de unos “pseudoderechos” que, ilimitados para quienes los poseen, omiten contemplar los derechos del otro. No en vano, desde estas mismas páginas se dijo hace poco que este proyecto de ley de aborto, guarda estrecha similitud con aquel que fuera propuesto por un miembro del “establisment” dictatorial, en la época en que los derechos valían lo que un paquete de tabaco. ¿En qué se asemejan? Pues para empezar, en que ninguno de esos proyectos de ley tuvo en cuenta un librito que a veces conviene leer, y que se llama nada más ni nada menos que… Constitución.

 Álvaro Fernández Texeira-Nunes

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