Tras la jornada del 23 de junio, algunos actores políticos salieron a decir que el pueblo había laudado el tema y que había que ponerle “punto final” a la legalización del aborto. Entre ellos, el Dr. Tabaré Vázquez, quien presuntamente, está en desacuerdo con ésta práctica. Por supuesto, adhirieron a esta idea, varios proabortistas de todos los pelos; en particular, los del Frente Amplio.

Es curioso que así sea. Porque cuando desde los oscuros tiempos de la dictadura, legislatura tras legislatura se intentó legalizar el aborto sin conseguir los votos para ello, nadie habló de ponerle “punto final” al tema. Nadie dijo tras una votación adversa para los proabortistas: “tema laudado”.

Ni que hablar de la ley de caducidad! El pueblo, laudó el tema el 16 de abril de 1989. Veinte años después, el 25 de octubre de 2009, el pueblo volvió a laudar el tema, con idéntico resultado que la vez anterior: el fracaso de quienes procuraban derogar dicha ley. Como no se consiguió, los frentistas promovieron la derogación de dicha ley por la vía parlamentaria, y claro, como tenían mayoría absoluta, terminaron logrando lo que se habían propuesto, pese a que el pueblo manifestó una opinión contraria.Más tarde, se dieron de frente contra la Suprema Corte de Justicia, y su conocida declaración de inconstitucionalidad. Pero quienes ahora pretenden poner “punto final”, jamás abrieron la boca para decir que el tema estaba concluido.

Son esas mismas personas las que hoy, pretenden hacernos callar a los provida. Pretenden hacer que pongamos “punto final” a nuestra lucha. Pues que lo tengan bien claro: ¡eso, no ocurrirá jamás! Varios argumentos fundamentan nuestra inclaudicable determinación de procurar la derogación de esa nefasta ley:

1)     El derecho a la vida, por ser uno de los derechos inherentes a la personalidad humana, es anterior al Estado. La Constitución sólo puede reconocerlo y protegerlo. Nunca debería aprobarse, ni derogarse. Ni por el Parlamento, ni por el pueblo. Es intocable, por decirlo así. Que el Parlamento haya aprobado una ley de aborto, no significa, ni mucho menos, que esa ley esté de acuerdo con la letra y el espíritu de nuestra Carta Magna. Es más: nos atrevemos a sostener que ésta ley, es inconstitucional e ilegítima. En su momento, aquel gran constitucionalista que fuera Héctor Gros Espiell, dijo: “la protección de la vida es un derecho de raíz constitucional que ninguna ley puede violar. Si hay vida antes del nacimiento -luego vamos a abordar el problema de cuándo comienza la vida- ninguna mujer puede violar ese derecho a la vida. Se trata de un mandato constitucional ineludible.”

2)     El domingo 23 de junio, el pueblo no votó si quería derogar o no la ley de aborto. Ese día, lo único que hizo el soberano, fue decir que no habilitaba el referéndum para poner a la consideración popular, la derogación de la ley de aborto. Es decir, se decidió sobre la utilización o no de un determinado mecanismo, previsto en nuestro orden jurídico, para derogar una ley. Que el pueblo haya dicho que no, no implica, necesariamente, que le diga “sí a la ley”. También puede haber dicho que prefiere derogar la ley por vía parlamentaria y no mediante la convocatoria a referéndum. De hecho lo hizo, pues muchos de los que el domingo 23 no votamos para que hubiera referéndum, pensamos de este modo: la ley debe derogarla el mismo órgano que –en contra de lo que establece la Constitución de la República- la aprobó: el Parlamento.

3)     El mismísimo Tabaré Vázquez, partidario ahora del “punto final”, dijo en una ocasión que “en temas de Derechos Humanos (DDHH), las mayorías no siempre tienen la última palabra.” Esta afirmación ampliamente difundida y debatida, la hizo Vázquez en relación a la ley de caducidad. Y es ahí donde está el problema. Lo que dice Vázquez es cierto: si consideramos que los DDHH, de acuerdo con nuestra Constitución, son anteriores al Estado, es evidente que no se tocan. No se pueden aprobar ni derogar. Ni el Poder Legislativo, ni el pueblo pueden hacerlo. Ahora bien, lo que dice Vázquez, no se aplica a la ley de caducidad, porque ésta, en ningún caso, dejó de llamar delito al delito. Lo que hizo fue abstenerse de castigar a algunas personas que cometieron gravísimas violaciones a los DDHH (léase delitos), lo cual es muy distinto. Y se hizo para salir de una época terrible en la historia del país, llena de odios y rencores de uno y otro lado. La ley, que se llamó “de impunidad”, fue en definitiva, una ley de perdón, de “punto final”, a un tiempo que muchos quisimos y queremos- dejar atrás.

4)     Por su parte, la ley de aborto, lejos de procurar “perdonar” a una serie de personas luego de cometer determinados delitos, lo que hace, es quitarle al aborto la categoría de delito. El aborto,a partir de la aprobación de esta ley, ya no es delito. Y como la ley tiene, además de una función punitiva, una función docente, resulta que si algo no es delito, entonces “está bien”. La ley de caducidad, no dice en ningún momento que la tortura, el asesinato, o la “desaparición” forzada de personas no debe considerarse delito. Nunca dice que las acciones de los violadores de los DDHH estuvieron bien. Lo que dice, esta ley en su Artículo 1º, es lo siguiente:“Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.” Nunca dice esta ley, reiteramos, que esos delitos no fueran tales, porque evidentemente eso sería un disparate.

5)     El caso de la ley de aborto, es bien distinto: aquí lo que se dice, es que el aborto no es delito, y que por eso se permite su práctica en todo el territorio nacional. Algo así como si se afirmara que la tortura, el homicidio y la desaparición forzada de personas, no son delito, y que por tanto son legales en todo el país. Al quitarles la categoría de delito, pasarían de estar mal, a estar bien… ¿Absurdo, no?

6)     Nos encontramos por tanto, ante una auténtica “ley de impunidad”, que permite matar a los seres más inocentes e inermes de nuestra sociedad, a la vista  de todo el mundo, IMPUNEMENTE. Porque no hay mayor impunidad que la de quien comete un atentado contra la vida, DENTRO DEL ORDEN JURÍDICO VIGENTE.

Esas son algunas de las razones que nos impulsan a continuar en esta lucha por la Verdad y la Justicia. Por el derecho a la vida para TODOS los seres humanos concebidos en nuestra tierra. Todos son bienvenidos a esta “patriada”. Hay que trabajar, hay que convencer, hay que sumar… Algún día, lograremos nuestro objetivo. Podrán pasar dos, cinco, diez,quince o veinte años. Pero la vamos a derogar. ¡Que no les quepa la menor duda! Nuestra certeza al respecto es absoluta.

Terminamos estas líneas citando unas palabras de Wilson Ferreira Aldunate que, aunque dichas en otro contexto, reflejan perfectamente nuestro sentir: “Hoy, lo que reconforta el alma, es ver, que al lado de los viejos, sacándole la bandera de las manos, poniéndose adelante, están los muchachos”. ¡Qué viva por siempre la juventud provida uruguaya!

Álvaro Fernández Texeira Nunes

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