1. Discriminación

El proyecto de “Ley integral para personas trans” se presentó en el Parlamento con la supuesta intención de combatir la discriminación. Sin embargo, muchos de sus artículos (1, 2, 7, 9, 10, 11, 12) se pueden considerar discriminatorios al reclamar tratamiento especial preferencial para un sector de la población, en base a su tendencia sexual.

El Art. 1 del proyecto de ley, dice: “Declárase de interés general el diseño, promoción e implementación de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado y políticas públicas dirigidas a la población trans. El propósito de esta ley, es “promover la equidad de género como combatir, mitigar y colaborar a erradicar todas las formas de discriminación que directa o indirectamente constituyen una violación a las normas y principios contenidos en la Ley N° 17.817 (…).” El Art. 2 de la ley sostiene que el objetivo de la ley es “asegurar el derecho de las personas trans (…) a una vida libre de discriminación y estigmatización para lo que se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación.”

Supongamos por un momento que sustituimos la palabra “trans” por la palabra “musulmana” o “judía”. Si este fuera el caso, ¿el legislador no estaría incurriendo en una grave discriminación hacia las personas que profesan otras religiones, o hacia quienes no profesan ninguna religión? ¿No sería lógico afirmar que una ley semejante viola la laicidad al pretender imponer su forma de pensar a los demás? Por tanto, ¿no cabe hacerse dichas preguntas en el caso que nos ocupa?

La citada Ley Nº 17.817, en efecto, dice que: “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.”

Con el precedente de este proyecto de ley, cada grupo racial, cada grupo de personas con sus peculiares preferencias artísticas, religiosas, culturales, deportivas, etc., quedaría habilitado a presentar leyes con el fin de diseñar, promover e implementar acciones afirmativas en los ámbitos público y privado y políticas públicas dirigidas a cada grupo en particular. ¿Alguien puede siquiera imaginar el caos legal y social que semejantes medidas podrían ocasionar?

El Art. 6 de la ley, titulado “Acciones afirmativas” dice: “Las acciones afirmativas a que refiere el artículo 1º de esta ley se encuadran en el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 72 de la Constitución de la República y en las normas internacionales de derechos humanos, en tanto garantizan el pleno goce de los derechos reconocidos, la igualdad entre los habitantes de la República y los derechos y garantías que derivan de la personalidad humana.”

En efecto, los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución, corresponden a todos los seres humanos porque son inherentes a la personalidad humana. ¿Qué necesidad hay entonces de una legislación especial para un determinado grupo de personas? ¿No está establecido en la Constitución? Además, si los trans son iguales al resto de los ciudadanos ¿por qué tratarlos distinto? Si como ellos dicen, ser trans no es una enfermedad ni implica ninguna limitación ¿por qué darles un tratamiento especial? Con el argumento de las “acciones afirmativas” ¿no podrían otros grupos hacer reclamos similares? ¿En que se convertiría el Derecho si los reclamos de cada grupo se tradujeran en leyes?

En síntesis, nadie tiene derecho a la educación, al trabajo, a la salud, o a una vivienda por ser trans, por ser heterosexual, por ser asiático o por ser gordo. Todos tenemos esos derechos por ser personas. Y en cuanto tales, lo único que nos diferencia, son nuestros talentos y virtudes, no nuestros gustos artísticos, nuestras aficiones deportivas o nuestras preferencias sexuales.

  1. Reparación

Capítulo aparte merecen algunos artículos de la ley que procuran “reparaciones” para las personas trans. El Art. 1 termina con el siguiente párrafo: “Reconócese que la población trans que habita el territorio nacional ha sido históricamente víctima de discriminación y estigmatización, incluso llegando a ser perseguida y encarcelada en el régimen de facto.” Por su parte, el Art. 7 pretende establecer un “régimen reparatorio” para las personas (…) que por causas relacionadas a su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional o hayan sido privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad y/o por disposición judicial, habiendo sufrido daño moral, físico y/o psicológico e impedimentos en el ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio debido a prácticas discriminatorias ejercidas por el Estado.”

Siempre es justo y deseable reparar injusticias. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, parece muy importante discernir si la privación de libertad, el impedimento de la libre circulación o del acceso al trabajo que sufrieron algunas personas trans, se debió simplemente a prácticas discriminatorias, o a acciones tendientes a hacer cumplir las leyes vigentes. En casos de atentado violento al pudor o en casos de prostitución, la “persecución” podría haber estado amparada por leyes aprobadas por un Parlamento democrático. Hay que estudiarlo y tenerlo claro, no sea que se termine subsidiando a personas que violaron leyes aprobadas por el pueblo.

  1. Definiciones

El Art. 3. da una serie de definiciones que por su enfoque claramente ideologizado, merecen especial atención. Dice así:

A los efectos de interpretación de la presente ley y cualquier otra norma relacionada, siempre que no se indique lo contrario, se entenderá por:

a) Identidad de género: a la vivencia interna e individual del género según la siente y autodetermina cada persona, sin que deba ser definida por terceros. En coincidencia o no con el género asignado en el nacimiento y pudiendo involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.

b) Expresión de género: a la exteriorización de la identidad de género mediante el lenguaje, la apariencia, el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, el nombre, entre otros.

c) Persona trans: a quien autopercibe y/o expresa un género distinto al sexo que le fue legal y/o convencionalmente asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación masculino/femenino. A los efectos de esta ley y sin prejuzgar otras acepciones sociales actuales y futuras, la identidad trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género, en particular, se incluye a las personas identificadas como travestis, transgéneros y transexuales, variantes de género queer o personas de género diferenciado, así como a quienes definen su género como “otro”, o sin género, o describan su identidad en sus propias palabras.

d) Mujer/niña trans: a aquella persona que habiendo sido convencionalmente asignada al sexo masculino al momento de su nacimiento, posee una identidad de género autopercibida femenina.

e) Hombre/varón/niño trans: a aquella persona que habiendo sido convencionalmente asignada al sexo femenino al momento de su nacimiento, posee una identidad de género autopercibida masculina.

Este artículo merece múltiples comentarios. Empecemos por el principio.

Prácticamente todo lo relacionado con el “enfoque” o la “perspectiva” de género, es en último término, ideología. La ciencia, la biología, la lingüística, va por otros carriles. La ideología de género niega la ciencia, y la ciencia niega la ideología de género.

Es importante señalar que en los últimos años, disfrazada de “agenda de derechos”, la agenda de género se ha ido imponiendo en nuestro sistema legal, en nuestra educación, en nuestra cultura, en nuestras costumbres. Al principio tímidamente, y luego en forma cada vez más avasalladora, esta ideología fabricada en los años 60 en los Estados Unidos, se ha impuesto como un dogma en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esta ley es parte de un todo mucho más amplio, pero que “gota a gota” va formando un cuerpo legal de espaldas a la Constititución de la República, de filiación claramente jusnaturalista.

El “género” no se “asigna” en el nacimiento. Se nace con cromosomas XX y se es mujer, o se nace con cromosomas XY y se es varón. La biología, el ADN, determina nuestro sexo, independientemente de nuestros sentimientos y tendencias. En la naturaleza hay varones y mujeres. Muy raramente aparecen personas con mezcla de genitales, hormonas, etc. Ello se debe a trastornos o alteraciones biológicas de naturaleza patológica. Naturalmente, esas personas –como cualquier otra- merecen todo el respeto y la atención que se les pueda brindar para a curarlos de sus dolencias o al menos para paliar su sufrimiento.

Las definiciones del proyecto de ley, incluyen “niño / niña” porque en el Art. 5 establece que “En caso de no obtener la anuencia de sus representantes legales –para el cambio de sexo en los documentos identificatorios-, la persona solicitante podrá recurrir a la vía establecida en el artículo 110 del Código Civil y 404 del Código General del Proceso, donde se deberá tener en cuenta el interés superior del menor y lo establecido en la Convención Sobre los Derechos del Niño, y será de aplicación lo establecido en el artículo 8 de la Ley 17.823.”

Si efectivamente, se pensara en el interés superior del niño, el Estado ni siquiera debería plantearse la posibilidad de permitir cambiar de sexo e identidad a menores de edad. Un documento del Colegio Americano de Pediatras[i], explica muy bien por qué dicha práctica no es aconsejable:

“La creencia de una persona de que él o ella es algo que no es constituye, en el mejor de los casos, un signo de pensamiento confuso. Cuando un niño biológicamente sano cree que es una niña, o una niña biológicamente sana cree que es un niño, existe un problema psicológico objetivo en la mente, no en el cuerpo, y debe ser tratado como tal. Estos niños padecen disforia de género. La disforia de género, antes denominada trastorno de identidad de género, es un trastorno mental así reconocido en la más reciente edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales[ii] (DSM-V). Las teorías psicodinámicas y de aprendizaje social sobre la disforia de género o trastorno de identidad de género nunca han sido refutadas.” Este mismo estudio sostiene que “según el DSM-V, hasta un 98% de niños con género confuso y hasta un 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural.”

Cabe preguntarse entonces qué validez puede tener la percepción de un niño o adolescente acerca de su orientación sexual, cuando ella es contraria a su sexo biológico. ¿No sería mejor aplicar el beneficio de la duda hasta la mayoría de edad, hasta que puedan hacerse cargo de sus actos? ¿Es lógico permitir que en una etapa de su vida caracterizada por la inmadurez y la inestabilidad emocional se tomen decisiones tan graves como la de cambiar su sexo? Facilitar semejantes decisiones de forma autónoma, ¿es velar por el interés superior del niño?

“Condicionar a los niños –afirma el Colegio Americano de Pediatras- a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto, constituye un abuso infantil. Respaldar la discordancia de género como algo normal a través de la educación pública y de las políticas legales confundirá a hijos y padres, llevando a muchos niños a acudir a “clínicas de género” donde les administren fármacos bloqueadores hormonales. Esto, a su vez, virtualmente asegura que ellos “elegirán” recibir hormonas cruzadas cancerígenas o de un modo u otro tóxicas, y probablemente considerarán, cuando sean adultos jóvenes, la mutilación quirúrgica innecesaria de sus órganos sanos.”

  1. Visibilidad

Un breve análisis merece también el Art. 4. de la ley. Este artículo pretende incorporar “la variable “identidad de género” en todos los sistemas oficiales de información estadística, incluidos los Censos, las Encuestas Continuas de Hogares, los informes de la Oficina Nacional de Servicio Civil y todas las mediciones públicas que releven la variable “sexo”.

Si de acuerdo con la ideología de género, una persona puede cambiar de identidad sexual tantas veces como quiera, ¿cuántas variaciones -e inexactitudes- pueden quedar registradas en un sistema estadístico oficial que maneje como criterio la variable “identidad sexual” –basada en un sentimiento-, en lugar de “sexo biológico” -basado en el ADN-?

Conclusiones

Quizá la mejor forma de concluir este análisis, es remitirnos a la opinión del Dr. Paul R. McHugh, Catedrático de Servicios Distinguidos en Psiquiatría en la Universidad Johns Hopkins. El Dr. McHugh trabajó durante muchos años en la Universidad John Hopkins, donde se iniciaron las operaciones de cambio de sexo. En un largo artículo publicado en First Things, sostiene lo siguiente:

“He sido testigo del gran daño que puede provocar la reasignación de sexo. Los niños que han visto transformada su constitución masculina en un rol femenino sienten mucho sufrimiento y tristeza pues son conscientes de su disposición natural.

Sus progenitores normalmente viven con sentimiento de culpa por las decisiones tomadas, cuestionándolas a posteriori y avergonzados de algún modo por la fabricación, tanto quirúrgica como social, que han impuesto en sus hijos. Y respecto a los adultos que vienen a nosotros declarando que han descubierto su “verdadera” identidad sexual y que han oído hablar de las operaciones de cambio de sexo, nosotros los psiquiatras nos hemos olvidado de estudiar las causas y la naturaleza de su trastorno mental y nos hemos dedicado sólo a prepararlos para la operación y una vida en el otro sexo. Hemos malgastado recursos científico y técnicos y dañado nuestra credibilidad profesional colaborando con la locura en lugar de intentar estudiarla, curarla y, en última instancia, prevenirla.”[iii]

Álvaro Fernández Texeira Nunes

[i] El documento está firmado por la presidente de la Asociación Americana de Pediatría, Michelle A. Cretella; su vicepresidente y endocrinólogo pediátrico, Quentin Van Meter; y el psiquiatra Paul McHugh, antiguo jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Johns Hopkins, uno de los más prestigiosos centros médicos de Estados Unidos tanto desde el punto de vista clínico como de investigación.
[ii] American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ª edición, Arlington (Virginia), American Psychiatric Association, 2013 (págs. 451-459). Véase a partir de la página 455 los índices de persistencia de la disforia de género.

 

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