El lema fundacional del Partido Nacional es el de “DEFENSORES DE LAS LEYES”. Esto quiere decir en buen romance, que el Partido Nacional es –o debería ser- el más firme defensor de la letra y del espíritu de la Constitución, base de nuestro ordenamiento legal. La letra de nuestra Carta Magna ha variado muchas veces desde aquel lejano 1830. Pero desde aquel 18 de julio en que se juró nuestra primera Constitución, hasta ahora, hay algo que no varió, y es que su espíritu -su filiación- es iusnaturalista. Es decir, se funda en el Derecho Natural, y por tanto, en la ley natural.

Unos 50 años antes del nacimiento de Cristo, el gran Marco Tulio Cicerón, dijo sobre la ley natural: “No existe, pues, más que un sólo derecho al que está sujeta la sociedad humana, establecido por una ley única: esta ley es la recta razón en cuanto manda o prohíbe, ley que, escrita o no, quien la ignore es injusto. Si la justicia es la observación de las leyes escritas y de las instituciones de los pueblos, y si (…) todo debe medirse por la utilidad, olvidará las leyes, las quebrantará si puede, aquel que crea que de hacerlo así obtendrá provecho. La justicia, pues, es absolutamente nula si no se encuentra en la naturaleza: descansando en un interés, otro interés la destruye.” (…)

“Si en los juicios y mandatos de los ignorantes existe tanta autoridad que los sufragios cambian la naturaleza de las cosas, ¿por qué no decretan que lo malo y pernicioso sea declarado en adelante como bueno y saludable?, ¿y por qué la ley de que lo injusto puede hacer lo justo, no podrá hacer del mal un bien? Y es que para distinguir una ley buena de otra mala tenemos una regla solamente; la naturaleza. No solamente se distingue el derecho por la naturaleza, sino que también todo lo que es honesto y torpe en general. Esta noción nos la da la inteligencia común, infundiéndola en nuestro espíritu, que coloca lo honesto en la virtud y lo torpe en el vicio. Hacer depender esta noción de la opinión general y no de la naturaleza, es verdadera locura.”

Lo que Cicerón dice en el fondo, es que el fundamento de una democracia, no puede ser la opinión de la mayoría. Dicho de otro modo, para que una enorme cantidad de cosas puedan decidirse por mayoría, debe haber algunas verdades inamovibles, intocables, que no dependan de las modas o de los caprichos humanos. Estas verdades, son el fundamento de Derechos Humanos[i], algunos de los cuales –como el derecho a la vida- son absolutos: no se pueden limitar sin extirparlos. Por tanto, no se pueden aprobar ni derogar por mayoría, sino que sólo se pueden reconocer, porque están en la naturaleza, al punto que son inherentes a ella.

En la práctica, podemos decidir por mayoría si conviene circular por la izquierda o por la derecha, si conviene aumentar los impuestos o bajarlos, etc. Pero no es lícito ni justo, por ser contrario a la Constitución, decidir por mayoría si respetaremos o no la vida desde la concepción. Como bien dijo Wilson en su magnífica conferencia “Nacionalismo y latinoamericanismo”[ii]: Todas las Constituciones de nuestros países recogen la herencia que viene de las declaraciones de derechos y Constituciones de los Estados Unidos, y para nosotros, muy concretamente de la Constitución de Cádiz que es una de las cosas más locas y maravillosas que pueda recordarse. No consagran ni otorgan derecho alguno; simplemente se limitan a reconocer en las personas derechos preexistentes. Los individuos son personas precisamente porque tienen derechos que nos les han sido otorgados por el sistema jurídico, sino que éste simplemente reconoce.”

Al respecto, cabe traer a cuento las opiniones de los Dres. Héctor Gros Espiell y Gonzalo Aguirre cuando fueron convocados a dar su opinión sobre la ley de aborto en la Comisión de Salud del Senado, el 5 de agosto de 2003[iii].

Gros Espiell dijo que discrepaba “radicalmente, de una manera absoluta” con el artículo del proyecto de ley que legalizaba el aborto, entre otras cosas, porque “no debemos olvidar que para considerar el tema, hay que tener en cuenta la Constitución de la República. A mi juicio –dice Gros-, el gran error en todo el análisis de este proyecto de ley, a nivel de la Cámara de Representantes, radica en que nadie citó el artículo 7º de la Carta -no lo podemos obviar- que dice que toda persona tiene derecho a la protección de su vida. O sea que la protección de la vida es un derecho de raíz constitucional que ninguna ley puede violar. Si hay vida antes del nacimiento -luego vamos a abordar el problema de cuándo comienza la vida- ninguna mujer puede violar ese derecho a la vida. Se trata de un mandato constitucional ineludible.”

Por su parte, Aguirre señala que si bien el artículo 7 se refiere a la protección de la vida de los habitantes del país, “a través del famoso artículo 72 de la Constitución de la República, incorporado en el año 1918 por iniciativa del doctor Alfredo Vázquez Acevedo[iv], de alguna manera se siguieron los pasos o se adoptó el modelo -por decirlo de alguna forma- de la Constitución americana y de la Constitución argentina de 1853, y se protegió genéricamente, de acuerdo con una filiación iusnaturalista, los derechos inherentes a la personalidad humana.”

Como será la cosa que en esto, hasta con los colorados estamos de acuerdo. Prueba de ello es un párrafo de la exposición de motivos del “Proyecto de Ley sobe Prohibición de la Clonación de Seres Humanos” presentado en el año 2001 por los Senadores Ruben Correa Freitas, Yamandú Fau, Wilson Sanabria, Roberto Scarpa y Orlando Virgili. Dice así:

“El Uruguay tiene una Constitución claramente afiliada a la filosofía iusnaturalista, según surge de los artículos 7°, 72 y 332, que reconoce a los derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al honor, que son derechos anteriores a la Constitución y que la misma no hace otra cosa que reconocerlos y protegerlos.”[v]

Por tanto, para un blanco de ley, hasta que ese derecho a la vida -ese “mandato constitucional ineludible” del que habla Gros no se restablezca en toda su extensión, el tema del aborto no estará laudado.

Algo parecido ocurre con el mal llamado “matrimonio” igualitario. La Constitución establece en su Art. 40, que: “La familia es la base de nuestra sociedad” y que “el Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.”

La Constitución no dice, en ningún lado, que el motivo por el cual el Estado debe velar “por la estabilidad moral y material” de la familia, sea el amor de los esposos. La única razón que da el constituyente para amparar y proteger a la familia, para darle un estatus especial dentro del orden jurídico, es “la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad”. Porque los hijos son, además de un bien para los padres, un bien para la sociedad entera.

El caso de las uniones entre personas del mismo sexo es diferente, sencillamente porque de sus uniones, no nacen hijos. No existe por tanto, ninguna razón para que el Estado las ampare, las proteja, las regule y las equipare a las familias que sí tienen hijos.

El principal argumento de quienes están a favor de esta legislación “igualitarista”, es que si dos personas se aman, entonces tienen “derecho” a casarse (cosa curiosa, en una sociedad donde los heterosexuales se casan cada vez menos, argumentando que el amor no es mayor o menor por “atarse” con unos “papeles”…). Ahora bien, si el argumento es el amor… ¿por qué entonces dos personas que son amigos o amigas desde hace 40 años, y que evidentemente se quieren mucho, no tienen también derecho a casarse? ¿Sólo porque no tienen entre ellos relaciones sexuales? Negarles la posibilidad por vivir un “amor casto”, ¿no sería discriminatorio? ¿Qué ocurriría con nuestro sistema judicial si todos los amigos decidieran legalizar sus uniones?

Por lo expuesto, entendemos que de ganar las elecciones, el Partido Nacional, el DEFENSOR DE LAS LEYES, debería realizar una profunda y exhaustiva revisión de estas y otras leyes que, si bien fueron votadas por mayoría, atentan contra la ley natural, contra el Derecho Natural, y –ya en la letra, ya en el espíritu- contra la mismísima Constitución de la República, fundamento de nuestro orden jurídico.

Álvaro Fernández Texeira Nunes

Publicado en La Democracia – http://lademocracia.info/?p=7297

[i] Nos referimos, naturalmente, a la Carta de Derechos Humanos de 1948, ya que con posterioridad a esa ella, la ONU ha ido incorporando como “derechos”, cuestiones que no son inherentes a la personalidad humana.

[ii] http://fundacionwilsonferreira.org/site/?p=112

[iii] https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/93939/tramite

[iv] El Dr. Vázquez Acevedo era blanco y masón. Pensamos que cabe esta aclaración porque con frecuencia –y faltando a la verdad-, el iusnaturalismo se asocia de forma exclusiva con el catolicismo. Este caso demuestra que ello es injusto, pues quien introdujo en nuestra Constitución la protección de derechos inherentes a la personalidad humana, fue un masón.

[v] https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20010307S0002_SSN8072577.html. Tampoco los legisladores colorados que redactaron este proyecto de ley lo hicieron desde una concepción religiosa.

Anuncios