El miércoles 26 de setiembre del corriente, El Observador publicó una nota de Natalia Gold titulada: “Legislar en nombre de Dios: el renovado vínculo entre la política y la religión en Uruguay.” En la misma, la articulista entrevistó a legisladores creyentes y no creyentes.

Los creyentes, coinciden en que ellos tienen determinados principios y valores, y los defienden, del mismo modo que otras personas con otros principios y valores, defienden los suyos. Pero a veces, son tratados de forma prejuiciosa por algunos que no creen en nada. Ninguno cuestiona que el Estado sea laico, pero advierten que desde el Estado, se procura que la religiosidad se haga invisible en el espacio público.   El único no creyente entrevistado, fue el Diputado Carlos Mahía, quien expresó: “ha habido un retroceso del pensamiento laico”. Por eso, él y algunos colegas  identificados “con la esencia de la laicidad”, procuran que “los espacios religiosos no ingresen al Parlamento”, pues advierte “un avance que antes no había”, lo cual le parece preocupante”.

A nuestro juicio, lo que importa a la hora de legislar, no es que el encargado de hacerlo sea creyente o no. Lo importante sería:

  1. que el legislador argumente a favor o en contra de una ley de manera racional, y si es posible, con fundamento técnico y jurídico serio, según la materia de que se trate.
  2. que las leyes que proponga, sean acordes con la letra y el espíritu de la Constitución, la cual se funda en el Derecho Natural y en la ley natural; esto es evidente sobre todo en sus Arts. 72 y 332 -el primero de los mencionados, fue incluido en 1918 por el Dr. Alfredo Vázquez Acevedo, que era masón.
  3. que las leyes que proponga, contribuyan al bien común.

El trabajo parlamentario, implica estudiar problemas sociales, económicos, educativos, sanitarios, etc., y proponer soluciones legislativas para resolverlos. Esos problemas, en ningún país del mundo, se resuelven decretando la obligación de creer en la Santísima Trinidad, de leer la Torá, o de rezar mirando a la Meca. Por tanto, no hay nada de qué preocuparse: ningún legislador católico, judío o musulmán en su sano juicio, legislará en Uruguay sobre asuntos relacionados con su fe.

Lo que ocurre, es que el problema no es la fe. El problema, es la moral. Y como fe y moral no son lo mismo, creyentes y no creyentes, aunque no coincidamos en la fe, sí podemos coincidir en que existe una moral objetiva, que se funda en la ley natural. La propia Constitución de la República, establece en más de una ocasión la necesidad de “mantener la moralidad”, de “formar el carácter moral”, etc.

Es cierto que el relativismo ha avanzado, y que hoy somos menos los procuramos viven según la ley natural. Ello no quiere decir que quienes no adhieren a una moral objetiva, no adhieran a moral alguna. Todos -hasta el relativista más dogmático- nos regimos por algún tipo de moral: la moral del que aprueba la legalización del aborto, no es una moral neutra ni laica: es una moral determinada. En una democracia y en un país plural, por supuesto que es lícito opinar desde una visión moral o de otra… Sin embargo, al momento de legislar, sería buena cosa tener en cuenta la Constitución de la República.

Por tanto, si el problema no es de fe, sino de moral; si creyentes y no creyentes, podemos coincidir en una moral objetiva, por encima de nuestras diferencias religiosas; y si los no creyentes, también tienen algún tipo de convicciones morales, ¿por qué tanta insistencia en aludir a la fe religiosa de los legisladores?

A nosotros nos parece que semejante insistencia puede ser una excusa para desautorizar los argumentos de los creyentes, puesto que la fe, se tiene o no se tiene; pero la moral natural, está al alcance de todos. Rechazar los argumentos de un creyente por su fe, es como si un mormón rechazara, sin leerla, una carta en la que le informan que  heredó una fortuna, porque el cartero es ateo.  ¿No sería mejor recibir la carta, sin atender la fe del mensajero?

En otras palabras, si una argumentación en contra del aborto se basara en estudios científicos serios y/o en argumentos jurídicos contundentes, ¿pesaría más si quien argumentara no fuera creyente? ¿Acaso sería justo que el mismo argumento tuviera distinto valor según quien lo presenta? Además, cuando a un cristiano que argumenta desde la razón se le descalifica por su fe ¿no estamos ante un acto de discriminación injusta?

Para terminar, atendamos lo que dice el Art. 18 de la Declaración de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; (…) este derecho incluye la libertad de (…) manifestar su religión o su creencia (…) tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Queda claro entonces que manifestar públicamente la propia fe, es un derecho humano fundamental. Y si bien los creyentes, en su trabajo legislativo argumentan desde la razón, la ciencia y el derecho, a nadie debe preocuparle que en ocasiones, manifiesten abiertamente su fe. Pretender que un legislador no observe su fe al entrar al Parlamento, sería tan desubicado como obligar a todos los legisladores, a que adhirieran a una misma fe. La auténtica democracia, exige respetar la libertad y los derechos humanos de todos, independientemente de la fe que profesen.

Álvaro Fernández Texeira Nunes

Publicado en Entre Todos – Nº 435

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