Plaga

  1. f. Aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales, como, respectivamente, la peste bubónica y la filoxera.
  2. f. Calamidad grande que aflige a un pueblo.
  3. f. Daño grave o enfermedad que sobreviene a alguien.
  4. f. Infortunio, trabajo, pesar o contratiempo.
  5. f. Abundancia de algo nocivo, y, por ext., de lo que no lo es. Este año ha habido plaga de albaricoques.

He aquí las definiciones de “plaga” que da la Real Academia Española. Y viene al caso recordarlas porque la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz dijo, refiriéndose a los evangélicos –a los que ella identificó como “neopentecostales”-, que son un sector “para no decir una plaga que aumenta, y si me preocupa es porque no sabemos crear una utopía de hombre nuevo en el siglo XXI y nos pisan los talones”

¿Cabe aplicar alguna de estas definiciones a los evangélicos en particular y/o a los cristianos en general? Analicemos los dichos de Muñoz y las distintas acepciones del término.

Los evangélicos –y en general, los cristianos no católicos-, no aparecieron ni masiva ni repentinamente, ya que nunca sobrepasaron –según datos de Latinbarómetro y del Pew Research Center- el 10% de la población. Tampoco hay noticia de que causen “daño grave” a la población, ni “calamidad” alguna. Tampoco son una “enfermedad”, ni se puede decir de ellos que son “abundancia de algo nocivo”. Caso contrario, lo pertinente y oportuno no era escribir un whatsapp, sino realizar una denuncia penal. En consecuencia, ninguna de esas acepciones del término “plaga” es aplicable a los evangélicos. Pero por las dudas, la Ministra les echó flit.

La cuarta acepción de la RAE, sí parecería adecuarse algo más al modo en que la jerarca ve la realidad. Porque la presión que estos grupos vienen ejerciendo ante determinadas leyes y programas educativos, seguramente lleva a que la Ministra Muñoz los considere un “contratiempo” para sus planes. Un hecho desafortunado, que le da trabajo y le causa pesar. Seamos claros: todo el Frente Amplio ve en los cristianos de todos los pelos, un problema al momento de avanzar con la ideología de género y con la guerra cultural que se está librando.

Igual que la Ministra, piensa el Diputado Mahía, entrevistado el 26 de setiembre del corriente por Natalia Gold, periodista de El Observador. En una nota titulada “Legislar en nombre de Dios: el renovado vínculo entre la política y la religión en Uruguay”, Mahía sostiene que “ha habido un retroceso del pensamiento laico”. Por eso, él y algunos colegas identificados “con la esencia de la laicidad”, procuran que “los espacios religiosos no ingresen al Parlamento”, pues advierte “un avance que antes no había”, lo cual le parece preocupante”. Sin llegar a tratarlos de plaga, expresó la misma “preocupación” que Muñoz.

Lo que llama poderosamente la atención es, por un lado el sobredimensionamiento del “problema”. Un inmenso poder deben tener los evangélicos, cuando sólo dos diputados de esa filiación, logran pisarle los talones a cincuenta diputados y quince senadores frenteamplistas, más el Presidente y el Intendente, sus respectivos gabinetes, y todos los cargos de confianza… David contra Goliat. Cualquiera diría que Dios existe… ¡y que ayuda a los cristianos…!

Por eso mismo, lo que más sorprende, es el temor. Lo que denota la Ministra, es más que preocupación. Es temor. Es lisa y llanamente, miedo. Es el mismo miedo –rayano en el pánico- que han demostrado Mahía, y otros legisladores del gobierno -y de la oposición, como es el caso de Pasquet, Amado y Viera-, cuando ven violaciones de la laicidad donde no las hay y cuando consideran que hay intromisiones indebidas de la religión en el Estado, cuando no las hay. ¿Cómo se denomina ese miedo a los cristianos? Cristianofobia. Ni más ni menos.

Una de las manifestaciones más claras de esa cristianofobia –a menudo mezclada con algo muy parecido al odio-, es la acusación de que los cristianos votan a favor o en contra de determinadas leyes, porque su fe así lo establece. Demostraremos que esto es falso.

El reconocimiento de una ley natural y de un derecho natural –el mismo para todos los hombres-, es anterior a Jesucristo y por tanto al cristianismo. Aristóteles y Cicerón son dos de los mayores exponentes en el mundo antiguo, del pensamiento iusnaturalista. Los cristianos que vinieron después, adoptaron cuanto de bueno había en esta doctrina, la cual fue elevada a su punto más alto por la inigualable inteligencia de Santo Tomás de Aquino.

Y es desde aquí, desde la razón, desde la ley natural y desde la ciencia, desde donde argumentan los cristianos. Hasta donde yo sé, ni el diputado Gerardo Amarilla, ni el diputado Álvaro Dastugue –evangélicos-, ni el diputado Rodrigo Goñi, ni el diputado Francisco Sanguinetti –católicos-, plantearon argumentos de fe en contra de la ley trans durante su tratamiento en la Cámara de Diputados. Ninguno de ellos se opuso a la ley argumentando –por ejemplo- que ser trans es pecado, o que ser trans va en contra de lo que dice la Biblia. Si piensan eso –lo cual es perfectamente lícito- en la Cámara no lo dijeron. En el Parlamento, argumentaron desde la razón y desde la ciencia, no desde la fe. Es más, usaron los mismos argumentos que podría haber utilizado cualquier no creyente. Entonces ¿por qué se dice que sus posturas tienen que ver con su fe? ¿Es que sus razonamientos valen menos por ser creyentes, que si fueran no creyentes? De considerarlo así, ¿no estaríamos ante la más flagrante e injusta discriminación por motivos religiosos?

A fin de cuentas, ¿qué es lo que importa a la hora de legislar? ¿La religión de quien hace o rechaza una propuesta, o la capacidad del legislador de demostrar que una propuesta es positiva o negativa para el bien común? ¿La religión del legislador, o que sus argumentos sean serios, acordes a derecho y a los datos que proporciona la ciencia? ¿La religión del legislador, o que éste actúe de acuerdo con la Constitución de la República? La cual, dicho sea de paso, es de clara filiación iusnaturalista, gracias -entre otros-, al Dr. Alfredo Vázquez Acevedo –masón-, que fue quien incorporó el Art.. 72 en la Asamblea General Constituyente de 1918[i].

El problema de fondo –el problema del miedo-, a nuestro juicio, no es la fe de los cristianos. El problema es la moral natural, con la cual –si no fuera por el positivismo, el relativismo y la corrección política imperantes- creyentes y no creyentes podemos coincidir sin problema alguno. Ese es el temor de quienes promueven una antropología alternativa: la defensa, por parte de los creyentes, de una ley natural en la que muchos podemos llegar a coincidir independientemente de nuestras creencias.

La propia Constitución de la República establece, en más de una ocasión, la necesidad de “mantener la moralidad”, de “formar el carácter moral”, etc. ¿De qué moral estamos hablando? ¿De una moral relativista o de una moral natural? Esta última, parece mucho más acorde con el espíritu y la letra de la Constitución que la primera.

Una vez demostrado que es falso acusar a los parlamentarios creyentes de argumentar desde la fe cuando lo que hacen es argumentar desde la razón, conviene recordar que el Art. 18 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; (…) este derecho incluye la libertad de (…) manifestar su religión o su creencia (…) tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Por tanto, si un legislador manifestara su fe en el Parlamento, ¿estaríamos ante una violación de la laicidad? Y si a ese legislador se le censurara por tal acto ¿no estaríamos ante una violación de un derecho humano fundamental, como es el de manifestar su religión en público? ¿Qué pesa más? ¿La defensa del principio de laicidad –que no pocas veces cruza la barrera del laicismo- o la defensa de los Derechos Humanos fundamentales? Lindo tema para un análisis jurídico. El cual no haré, porque no soy jurista.

De lo que sí estoy convencido, es que nadie puede exigirle a ningún  legislador que al entrar al Parlamento, deje su fe colgada en la puerta como si fuera un paragüas. Sería tan totalitario como obligar a todos los legisladores a que adhirieran a una misma fe. La auténtica democracia, exige respetar la libertad y los derechos humanos de todos, independientemente de la fe que profesen.

Álvaro Fernández Texeira Nunes

Publicado en La Democracia – http://lademocracia.info/?p=7600

[i] https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/busqueda-documentos?=&Searchtext=Distribuido%20N%C2%B0%202330/2003&Chkvtcomisiones=1

 

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