El 10 de setiembre de 1829, la Asamblea General Constituyente aprobó el texto de la primera Constitución de los orientales. El 28 de Junio de 1830, nuestra Carta Magna fue promulgada y pocos días más tarde, el 18 de julio, se llevó a cabo la «Jura de la Constitución» por parte del pueblo en la Plaza Matriz. Su Art. 7º establecía que “Ciudadanos naturales son todos los hombres libres, nacidos en cualquier parte del territorio del Estado”. Y en el Art. 9º reafirmaba: “Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; y como tal, tiene voto activo y pasivo en los casos y formas que más adelante se designarán”.

La historia de nuestra Constitución comienza en 1828, tras la firma de la Convención Preliminar de Paz, en la que los gobiernos de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, acordaron –con la mediación de Gran Bretaña-, la independencia del actual Uruguay. A partir de ese momento, la novel Asamblea General Constituyente y Legislativa, se encargó tanto de redactar la primera Constitución, como de dictar las primeras leyes.

Ese primer texto constitucional abreva en las constituciones francesa y estadounidense. Fue un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Además, estableció la separación de poderes: gobierno presidencialista, poder legislativo bicameral (con senadores y representantes) y Alta Corte de Justicia.

El objetivo de ésta constitución, fue poner orden y dar garantías a un pueblo que, tras las guerras de la independencia, vivía en una situación caótica desde el punto de vista legal. Sin embargo, la estabilidad política no se logró hasta ya entrado el siglo XX. Y uno de los factores que contribuyó a esa inestabilidad, parece haber sido la propia Constitución. Porque si bien establecía un sistema de gobierno representativo, no preveía ni la existencia de partidos políticos, ni la conflictividad que se generó entre las distintas facciones que disputaban el poder; sobre todo cuando una se hacía con él, y la otra quedaba en minoría. Esto, sumado a la falta de garantías electorales y a la tradición ancestral de reclamar el poder por la fuerza de las armas, era como una granada sin espoleta que no tardaría en explotar.

A pesar de los defectos que tuvo nuestra primera Constitución, su sola existencia fue de la mayor importancia. ¿Por qué?

En primer lugar, porque la Constitución estableció las bases para el nacimiento –o al menos para la gestación- de un nuevo modelo de gobierno en nuestro territorio. Este modelo, que abreva en la tradición anglosajona, se funda en lo que los ingleses denominan the rule of law, y que nosotros conocemos como el imperio de la ley. Quien gobierna en ese imperio, es la Constitución, pues los representantes del pueblo que se ocupan de ejercer el poder desde distintos ámbitos -poder ejecutivo, poder legislativo, y poder judicial-, deben regirse por ella. Deben actuar dentro del marco de la Constitución y la ley. La independencia de poderes -o distribución de la función de soberanía-, cuando se respeta, contribuye a garantizar el control mutuo entre los distintos poderes.

La importancia del imperio de la ley –o mejor dicho, de la Constitución-, radica en dos hechos muy importantes: primero, garantiza que la ley, sea igual para todos los ciudadanos -aunque los requisitos para gozar de la plena ciudadanía hayan variado por el tiempo-. Segundo, porque en los Estados que están bajo el imperio de la Constitución, no corre la soberanía popular absoluta al estilo rousseauniano que, como explica Martin Rhonheimer en “Cristianismo y laicidad”, no estaba “limitada de ninguna manera por consideraciones previas de carácter moral y jurídico de derecho natural”. El problema de la soberanía popular absoluta, es que puede convertirse fácilmente en un totalitarismo, ya que –como apunta Rhonheimer- promovía “el derecho del pueblo a echar abajo cualquier gobierno en todo momento”.

En síntesis, los estados constitucionales, garantizan por un lado la libertad de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos, y por otro, ponen a esa libertad, ciertos límites de carácter moral, que tienen su fundamento en el derecho natural y en la ley natural.

¿Cuáles son en nuestra Constitución, los artículos que permiten identificarla como iusnaturalista, es decir, como fundada en el derecho natural? Veamos:

“Art. 7º.- Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general.”

“Art. 72.- La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.”

“Art. 332.- Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.” ¿Y por qué es tan importante que la Constitución tenga su fundamento en el derecho natural? Dejemos contestar a Marco Tulio Cicerón, el gran abogado romano del siglo I antes de Cristo, quien en el “Tratado de las Leyes”, escribe:

“Si bajo el reinado de Tarquino no existía en Roma ninguna ley escrita contra el adulterio, no por eso Sixto Tarquino, al violar a Lucrecia, hija de Tricipitino, dejó de despreciar la ley eterna. No; existía ya razón perfecta, emanada de la naturaleza de las cosas, que impulsa al bien y retrae del delito; ésta no comienza a ser ley cuando se la escribe”. En otras palabras, las cosas no están bien o mal porque la ley lo diga. Lo que debe hacer la ley –si quiere ser justa- es reflejar el bien y el mal que se deriva de la naturaleza de las cosas.

“¡Cómo! –sigue Cicerón- ¿no existen en muchas naciones decretos perniciosos, pestíferos, que no merecen mejor el nombre de leyes que los pactos de una banda de ladrones? Si no pueden llamarse prescripción de médico las recetas mortales que ignorantes e imperitos den como saludables, tampoco es ley para un pueblo lo que le es perjudicial, sea la que quiera su forma y aunque él mismo lo haya aceptado. La ley es por consiguiente la distinción entre lo justo y lo injusto, modelada por la naturaleza, principio antiquísimo de todas las cosas, regla de las leyes humanas, que impone penas a los malvados, y defiende y garantiza a los buenos.” (…)

“No existe, pues, más que un sólo derecho al que está sujeta la sociedad humana, establecido por una ley única: esta ley es la recta razón en cuanto manda o prohíbe, ley que, escrita o no, quien la ignore es injusto. Si la justicia es la observación de las leyes escritas y de las instituciones de los pueblos, y si, como ellos mismos sostienen (los epicúreos), todo debe medirse por la utilidad, olvidará las leyes, las quebrantará si puede, aquel que crea que de hacerlo así obtendrá provecho. La justicia, pues, es absolutamente nula si no se encuentra en la naturaleza: descansando en un interés, otro interés la destruye.”

Finalmente, el sabio romano remata la cuestión, con este otro argumento: “Si los mandatos de los pueblos, los decretos de los imperantes, las sentencias de los jueces fundasen el derecho, de derecho sería el robo, el adulterio, el falso testimonio, si en su apoyo tuviesen los votos o aprobación de la multitud. Si en los juicios y mandatos de los ignorantes existe tanta autoridad que los sufragios cambian la naturaleza de las cosas, ¿por qué no decretan que lo malo y pernicioso sea declarado en adelante como bueno y saludable?, ¿y por qué la ley de que lo injusto puede hacer lo justo, no podrá hacer del mal un bien? Y es que para distinguir una ley buena de otra mala tenemos una regla solamente; la naturaleza”.

Esta larga, pero magnífica cita de Cicerón, nos recuerda que el valor de una ley, no está dado por el hecho de haber sido votada y aprobada por la mayoría de un parlamento, sino por su concordancia o no con el derecho natural, en el que se funda nuestra Constitución. Y es por ello que cuando nuestra Carta Magna se refiere a los derechos inherentes a la personalidad humana, deja en claro que ni los ha promulgado, ni los puede derogar (cosa que efectivamente se hizo cuando se aprobó la ley de aborto). Simplemente, los reconoce como derechos que, por ser de la persona, son anteriores a la Constitución y al propio Estado. Y como tales, deberían respetarse siempre.

Entendemos que es importante para todo ciudadano, tener presentes estos temas; en particular, cada vez que nos toca ejercer nuestra responsabilidad electoral.

Álvaro Fernández Texeira Nunes

Publicado en Entre Todos – Nº 453

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